La Ley Penal de Menores
24/5/2000

El 13 de Enero de 2000 se publicó en el BOE de España la ley Orgánica 5 /2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dada la relevancia que se otorga en esta ley a la intervención del Equipo Técnico de los Juzgados de Menores, que como sabéis están compuestos por Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores, siendo preceptiva su intervención con todos los menores infractores, me gustaría destacar aquellos aspectos que más directamente tienen que ver con nuestra profesión de psicólogos.

Como principios básicos de esta ley tendríamos que destacar:

- La necesaria reforma legislativa, partiendo de principios básicos como el superior interés del menor, de las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y de las normas de Derecho Internacional, con particular atención a la Convención de los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989.

- El establecimiento de la mayoría de edad penal en los 18 años, fijándose los 14 como el límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir responsabilidad por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Se fijan dos tramos de edad: de 14 a 16 y de 17 a 18 años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de 16 años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas. Así mismo esta ley puede ser aplicada a los mayores de 18 y menores de 21 años, si el juez así lo acordara, atendiendo a las circunstancias personales y grado de madurez del autor (especialmente cuando así lo haya recomendado el Equipo Técnico en su informe), y a la naturaleza y gravedad de los hechos.

- La exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores se fundamenta en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, Por tanto la intervención educativa trasciende a todos los aspectos de regulación jurídica.

- Se configura el Equipo Técnico como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas que no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas. Estos criterios técnicos han de ser valorados por Equipos de profesionales especializados.

Los Equipos Técnicos:

Desde el mismo momento de incoación del expediente, el menor tendrá derecho, entre otras cosas a la asistencia de los servicios del Equipo Técnico adscrito al Juzgado de Menores.

Durante la instrucción del expediente el Ministerio Fiscal requerirá del Equipo Técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en esta ley.

El Equipo Técnico podrá proponer, asimismo, una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención.

De igual modo el Equipo Técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima.

Así mismo podrá el Equipo Técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor.

El informe requerido podrá ser elaborado o completado por aquellas entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de menores y conozcan la situación del menor expedientado.

Medidas que se pueden imponer a un menor infractor:

  • Amonestación; acto por el cual el Juez explica al menor lo intolerable del hecho y las consecuencias del mismo.
  • Prestación en beneficio de la comunidad: realización de una actividad, en la que el menor está de acuerdo, en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas en situación de precariedad. Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta.
  • Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico: estas medidas responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. El objetivo prioritario es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial.
  • Asistencia a un centro de día donde realizará actividades educativas de apoyo a su competencia social que puedan compensar las carencias del ambiente familiar.
  • Libertad vigilada, estando sometido el menor a vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social,
  • Realización de tareas socio-educativas específicas que faciliten su reinserción social.
  • Tratamiento ambulatorio asistiendo a un programa terapéutico que les ayude a superara procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo.
  • Permanencia de fin de semana en el hogar, medida adecuada para los menores que comenten actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.
  • Convivencia con una persona, familia o grupo educativo a fin de desarrollar pautas socioafectivas prosociales en el menor

Para la elección de la/s medida/s adecuada/s se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los Equipos Técnicos.

Pero en el contexto de la ley reviste un interés particular los temas de reparación del daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima como situaciones que en aras del principio de intervención mínima y con el concurso mediador del Equipo Técnico hacen prevalecer los criterios educativos y resocializadores.

La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa.

La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculpares. La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón.

En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más: el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.

María José Catalán Frías
Para contactar conmigo
© Instituto Español de Agresión y Familia, S. L.    Envíanos tus sugerencias